La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, arremetió contra BP, Chevron, ExxonMobil, Shell y el Instituto Estadounidense del Petróleo (American Petroleum Institute), llevándolos ante un tribunal federal por cargos de violación de las leyes antimonopolio. La teoría abarcaba un ámbito extraordinariamente amplio.

Los acusó de robarle el futuro a la población. En su demanda, Nessel alegó que las empresas habían conspirado, infringiendo la legislación antimonopolio federal, para frenar la expansión de la energía eólica y solar, así como de los vehículos eléctricos, y que, como consecuencia, las familias de Michigan habían pagado facturas de energía infladas.

La jueza Jane M. Beckering, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Michigan, desestimó la demanda al determinar que el estado carecía de legitimación activa para presentar la reclamación. Ese fue solo el comienzo del escepticismo del tribunal.

Según informó, la jueza Beckering determinó que la supuesta cadena causal que conectaba una conspiración de varias décadas con los sobreprecios denunciados por el estado era demasiado débil para sustentar la mayoría de los perjuicios que Michigan pretendía reclamar. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha pasado el último año combatiendo una ola de demandas climáticas en todo el país.

«Este sobreseimiento debería hacer que los estados reconsideren el uso de litigios como arma para implementar políticas de cambio climático», afirmó el fiscal general adjunto Stanley E. Woodward Jr.. «Estamos comprometidos con la aplicación de las leyes antimonopolio y ambientales. El caso de Michigan no habría logrado ninguna de las dos cosas. […] La legislación antimonopolio protege la competencia y, por consiguiente, a los consumidores; no es una herramienta para promover objetivos sociales ajenos a la competencia».

Michigan pretendía que un juez reescribiera décadas de historia energética y luego le entregara un cheque al estado, una maniobra que debería avergonzar a todos los funcionarios estatales que la respaldaron.

Un caso construido sobre un pasado imaginario

La teoría de la fiscal general Nessel se basaba en un escenario contrafáctico que pedía al tribunal imaginar un Estados Unidos en la que las tecnologías alternativas hubieran desplazado a las compañías petroleras décadas atrás y la energía se hubiera vuelto, de alguna manera, más barata como resultado.

Un juez tendría que determinar cómo se habría resuelto de manera diferente un debate que se remonta a Thomas Edison y Henry Ford, y cómo podrían haberse desarrollado el embargo petrolero árabe de 1973, la Revolución iraní de 1979, la revolución del petróleo de esquisto, el dominio de China en la fabricación de paneles solares y otros factores impredecibles en un escenario imaginario.

También habría que derogar las leyes de la física. La gasolina contiene 40 veces más energía por kilogramo que las mejores baterías de iones de litio disponibles en el mercado. Esa diferencia no fue creada por una conspiración en una sala de juntas, sino por la química.

Los sistemas energéticos surgen de millones de decisiones tomadas por ingenieros, inversionistas, empresas de servicios públicos, legisladores y hogares comunes que eligen lo que funciona a un precio asequible. Ningún tribunal puede reconstruir esa historia. La jueza Beckering se negó a sumarse a esa fantasía.

Morder la mano que te dio de comer

El fallo también pone al descubierto la estrategia que se esconde detrás de tantas demandas climáticas. Ciudades, condados y estados, desde Honolulu hasta California, han intentado responsabilizar económicamente a los productores de energía por el cambio climático. Sin embargo, no pueden determinar la sensibilidad climática, cuantificar la variabilidad natural ni explicar la diferencia entre el tiempo meteorológico y el clima. Además, demonizan una molécula inocua, el dióxido de carbono, necesaria para la fotosíntesis de las plantas y para toda forma de vida.

No hay nada impropio en que los gobiernos democráticos debatan la política energética. Sin embargo, las demandas climáticas son estrategias impulsadas por una ideología para castigar a los productores de la energía que los consumidores, las industrias, los gobiernos y economías enteras han demandado durante generaciones. Buscan imponer sanciones por vía judicial que no afectarán únicamente a los accionistas de las empresas. También pagarán la factura los hogares, los trabajadores, los fondos de pensiones, las empresas de servicios públicos y todos los consumidores que compran gasolina, electricidad, alimentos o productos manufacturados.

Los sistemas jurídicos de las sociedades civilizadas exigen una relación causal clara, un perjuicio identificable y una reparación proporcional a la conducta. Los litigios climáticos intentan eludir estos requisitos mediante una falsa indignación moral. No existe una emergencia climática. Existe la mayor prosperidad de la historia de la humanidad, sustentada en los combustibles que estas demandas pretenden llevar al banquillo de los acusados.

Miles de millones de personas salieron de la pobreza durante la memoria de las generaciones vivas gracias a que el petróleo, el gas natural y el carbón hicieron accesibles los alimentos, los medicamentos, la vivienda y la movilidad. Los combustibles fósiles siguen suministrando aproximadamente el 80% de la energía primaria mundial. Presentar esta historia social como una conspiración criminal es una ficción política.

Michigan construyó su identidad en torno al automóvil y puso al mundo sobre ruedas impulsadas por gasolina y diésel. Durante un siglo, los habitantes del estado compraron esos combustibles, sus fábricas los quemaron, sus transportistas dependieron de ellos y sus gobiernos los gravaron.

Michigan demandó a la industria que impulsó su propia prosperidad, recurriendo a una estrategia que sustituye la persuasión por la persecución judicial. Los gobiernos que no pueden convencer a los votantes de aceptar una energía más costosa y menos fiable no pueden imponerla en su lugar mediante una decisión judicial arbitraria, según señala el tribunal del oeste de Michigan.