El ensayo de Aaron Regunberg, «Why Climate Politics Can’t Wait» («Por qué la política climática no puede esperar»), publicado la semana pasada en Boston Review, se lee como un sermón lleno de ansiedad dirigido a los estrategas demócratas que comienzan a dudar, a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato. Su objetivo es lo que los propios consultores del partido denominan «climate hushing»: el abandono silencioso de los mensajes apocalípticos.

Como escribió recientemente Matt Huber en The New York Times: «El Partido Demócrata sigue siendo profundamente impopular. La salida es dejar de priorizar una larga lista de políticas centradas en una sola causa que solo atraen a quienes ya están convencidos. En lo que respecta al cambio climático, por ahora, quizá sea mejor no decir nada». Huber, al igual que otros miembros de la izquierda estadounidense, sostiene que la defensa de las políticas climáticas por parte de los demócratas ha alejado a la clase trabajadora del partido y que reconstruir una base obrera exige abandonar la lucha por la acción climática. Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York; Gavin Newsom, gobernador de California; y un número creciente de otros demócratas —hasta ahora los principales ideólogos del cambio climático dentro del partido— han llegado a la conclusión de que hablar incesantemente sobre la descarbonización representa un lastre electoral más que una ventaja.

Boston Review no es un boletín activista marginal. Fundada en 1975 y publicada en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), lleva cinco décadas siendo uno de los espacios intelectuales más influyentes de la izquierda estadounidense, donde han publicado figuras como Martha Nussbaum, Amartya Sen y Cornel West, y donde el formato «Boston Review Forum» ha contribuido a moldear la manera en que las élites progresistas debaten las políticas públicas. Cuando un artículo aparece allí, no está dirigido a los votantes indecisos, sino a los estrategas, académicos y asesores que definen la agenda intelectual del ala activista del Partido Demócrata. Eso es lo que hace que el ensayo de Aaron Regunberg merezca atención. No es una queja marginal. Es el intento de la propia intelectualidad progresista de convencer a los funcionarios electos de que abandonen ese repliegue del discurso climático que los votantes parecen estar premiando en las urnas.

El ensayo de Regunberg se apoya en gran medida en la idea de que la guerra de este año en el estrecho de Ormuz finalmente ha proporcionado a los defensores de la acción climática el argumento perfecto: «La luz del sol no tiene que atravesar el estrecho de Ormuz y nadie ha ido nunca a la guerra por el viento». A continuación, expone tres argumentos a favor del «climate hushing» y se propone refutarlos uno por uno. Fracasa en los tres intentos, y la forma en que lo hace resulta reveladora: concede un pequeño margen a la realidad y, después, sostiene con gran sofisticación que, en realidad, nada debería cambiar respecto de las agresivas políticas de descarbonización.

Refutación uno: «Los estadounidenses se preocupan más de lo que admiten quienes promueven el silencio»

Regunberg se apoya en los resultados de una encuesta de 2026 del Programa de Comunicación sobre el Cambio Climático de la Universidad de Yale, según la cual la mayoría de los votantes atribuye al calentamiento global el aumento de los precios de los alimentos y de los servicios públicos, y también afirma que la mayoría preferiría votar por un candidato que apoye la acción climática:

La encuesta también muestra que muchas políticas climáticas cuentan con un amplio respaldo. Un 77% de los votantes apoya regular el dióxido de carbono (CO2) como contaminante, mientras que un 65% respalda la transición de la economía estadounidense desde los combustibles fósiles hacia un sistema basado al 100% en energía limpia para 2050. Más de la mitad de los votantes registrados (58%) considera que desarrollar fuentes de energía limpia debería ser una prioridad «alta» o «muy alta» para el presidente y el Congreso, y el mismo porcentaje afirmó que preferiría votar por un candidato que apoye medidas contra el calentamiento global, frente a solo un 14% que preferiría un candidato que se opusiera a dichas medidas.

Citar encuestas demasiado generales es el truco más antiguo del manual del alarmismo climático: los sondeos sobre sentimientos abstractos carecen de valor cuando se pregunta a las personas cuánto están realmente dispuestas a pagar. El Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago, en su encuesta AP-NORC más reciente, concluyó que menos de cuatro de cada diez estadounidenses aceptarían siquiera una modesta tasa al carbono de un dólar al mes, una cifra que lleva años disminuyendo.

La afirmación de que la preocupación pública por el clima es más profunda y se traduce más fácilmente en acciones de lo que admiten quienes promueven el «climate hushing» depende en gran medida de encuestas que muestran que la mayoría acepta que el clima está cambiando y respalda objetivos vagos, como regular el CO2 o ampliar el uso de energías renovables. Sin embargo, esos porcentajes desaparecen cuando se pregunta a los encuestados cuánto están dispuestos a pagar. Como han señalado desde hace tiempo sus críticos, el apoyo abstracto a los objetivos ambientales se desvanece cuando se introducen los costos que recaen sobre el presupuesto familiar.

La propia fuente preferida de Regunberg, el Searchlight Institute, encontró que solo un 17% de los votantes en estados clave afirma que el cambio climático afecta «en gran medida» a su familia. Preocuparse por el cambio climático de manera abstracta, del mismo modo que uno puede preocuparse por la paz mundial, no cuesta nada. Estar dispuesto a aceptar facturas de energía más elevadas es una cuestión completamente distinta, y es el único tipo de preocupación que determina si una política logra sobrevivir al proceso legislativo. Regunberg nunca pide a sus lectores que paguen nada; únicamente les pide que voten por políticos que prometen, de forma vaga, hacer que los contaminadores paguen.

Refutación dos: «La acción climática es compatible con una agenda orientada a la clase trabajadora»

En este punto, Regunberg recurre al Cuerpo Civil de Conservación de Franklin Roosevelt y a la campaña presidencial de Bernie Sanders en 2016 para sostener que la política verde y la política orientada a la clase trabajadora siempre han sido aliadas naturales. La analogía histórica es completamente irrelevante. Los programas de conservación del New Deal de Roosevelt consistían en plantar árboles; no pretendían rediseñar, en el transcurso de una sola generación, la base física de toda una economía industrial. El principal obstáculo para la transición energética actual no es el discurso político, sino la aritmética.

Según las propias estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), las energías renovables —después de décadas de subvenciones, mandatos y exhortaciones morales— apenas alcanzarán una quinta parte del consumo final mundial de energía para 2030, frente al 13% registrado en 2023. La calefacción, que según la AIE representa casi la mitad de la demanda final de energía, sigue dependiendo de manera abrumadora de los combustibles fósiles; mientras que la aviación y el transporte marítimo continúan siendo, en palabras de la propia AIE, casi totalmente dependientes del petróleo. En consecuencia, alrededor de cuatro quintas partes de la demanda mundial de energía simplemente no pueden electrificarse dentro de un plazo que un electorado democrático esté dispuesto a aceptar.

Refutación tres: «Combatir los combustibles fósiles fortalece la democracia»

La más reveladora de las tres refutaciones de Regunberg es aquella en la que abandona por completo la economía y se refugia en la teoría de la conspiración. Atribuye el denominado «shadow docket» (agenda paralela) de la Corte Suprema, la erosión de la confianza en la ciencia y la crisis más amplia de la democracia estadounidense a una supuesta conspiración de décadas por parte de la industria de los combustibles fósiles, y concluye que derrotar el autoritarismo exige, por tanto, derrotar a las grandes empresas petroleras («Big Oil»). Se trata de un recurso desgastado de búsqueda de chivos expiatorios institucionales, precisamente el tipo de argumento que ha permitido al complejo climático-industrial mantenerse vigente durante los últimos treinta años: cualquier acontecimiento político incómodo, desde el escepticismo populista hasta el conservadurismo judicial, se presenta posteriormente como una prueba de las supuestas malas prácticas de la industria de los combustibles fósiles.

Este argumento pasa por alto, de forma conveniente, que el propio fundamento científico sobre el que Regunberg sigue apoyando la idea de una «amenaza existencial» ha sido abandonado por las mismas instituciones que lo promovieron. La propia comunidad encargada de elaborar los modelos del IPCC ha ido descartando discretamente, durante los últimos años, el escenario RCP8.5, la trayectoria extrema de emisiones conocida como «continuidad de tendencias actuales» («business as usual»), que sirvió de base para toda una generación de titulares catastrofistas, al considerar que nunca representó un resultado realmente plausible. El patrón que ahora se observa en el establishment climático no es una retirada, sino un reagrupamiento: admitir que el peor escenario era ficticio y, acto seguido, insistir en que la emergencia sigue siendo exactamente igual de urgente. El ensayo de Regunberg reproduce la misma estrategia, pero sustituyendo la temperatura por la democracia. Presenta las inundaciones, las sequías, las tormentas y las olas de calor como prueba de una catástrofe cada vez mayor, pero omite deliberadamente la evidencia empírica que muestra que las muertes causadas por fenómenos meteorológicos extremos han disminuido en más de un 96% desde la década de 1920, a pesar de que la población mundial se ha cuadruplicado y el planeta se ha calentado. Ese no es un mundo que avance hacia un fascismo provocado por las olas de calor. Es un mundo que ha mejorado progresivamente su capacidad para sobrevivir a los fenómenos meteorológicos, principalmente porque el crecimiento económico impulsado por los combustibles fósiles ha financiado el aire acondicionado, las infraestructuras de protección contra inundaciones y los sistemas de alerta temprana que realmente han marcado la diferencia.

La señal institucional

Lo que hace que el ensayo de Regunberg merezca atención no es tanto su argumento como la honestidad involuntaria con la que refleja el estado del propio establishment climático. Menciona, casi de pasada, que Politico está integrando su medio especializado en temas climáticos, E&E News; que NPR ha cerrado su sección dedicada al clima; que el equipo de cambio climático del Washington Post fue despedido; e incluso que Bill Gates ha pasado a sostener que la descarbonización no constituye el principal problema para las poblaciones más pobres del mundo. Ninguna de estas decisiones corresponde a una institución convencida de la solidez de su narrativa; representan, más bien, la retirada de un discurso que ha dejado de generar beneficios, ya sea en términos de financiación, atención del público o apoyo electoral. La respuesta de Regunberg consiste en afirmar que ese repliegue constituye un error político, en lugar de reconocerlo como una adaptación racional a una realidad cambiante: una menor disposición del público a asumir costos, un escenario de emisiones desacreditado y una transición energética que, según las propias cifras de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), avanza con décadas de retraso respecto del calendario prometido por sus defensores.

Según Doshi, Bill Gates sostiene cada vez con mayor frecuencia que la descarbonización no constituye el principal desafío para las comunidades más pobres del mundo. (Foto: Shutterstock)

La misma señal aparece en la propia selección de pruebas que hace Regunberg sobre la preocupación ciudadana. Cita el resultado de la Encuesta Mundial sobre Riesgos 2026, según el cual los estadounidenses subestiman considerablemente cuántos de sus conciudadanos consideran que el cambio climático representa una amenaza grave, e interpreta ese dato como una reserva de apoyo latente que podría movilizarse mediante mensajes más contundentes. Una interpretación menos generosa —y, en mi opinión, más acertada— es que la diferencia entre la preocupación declarada y la percepción del consenso social refleja precisamente el fenómeno que los especialistas en encuestas denominan «falsificación de preferencias»: las personas responden a los encuestadores aquello que suena socialmente responsable, mientras que, en las urnas y al momento de pagar sus gastos cotidianos, rechazan discretamente asumir cualquier costo asociado. Hochul, Newsom y McKee no están interpretando mal a sus votantes. Los están comprendiendo con mayor precisión que los encuestadores en los que confía Regunberg.

Cómo sería una alternativa racional

Nada de lo anterior constituye un argumento para abandonar a las comunidades realmente vulnerables que sufren con mayor intensidad la variabilidad meteorológica. Es, más bien, un argumento a favor del tipo de humildad política que Friedrich Hayek habría reconocido: la negativa a sustituir la «fatal arrogancia» de los planificadores centrales —en este caso, una coalición de activistas, editores y consultores convencidos de que pueden controlar tanto el presupuesto energético de los hogares como sus preferencias políticas mediante mensajes climáticos cada vez más alarmistas— por el conocimiento disperso que se refleja en los precios del mercado y en las decisiones de las familias. Los votantes no están dejando de comprender la importancia moral del cambio climático, como supone Regunberg; simplemente están realizando intercambios perfectamente racionales entre un riesgo abstracto y de largo plazo y el costo concreto e inmediato de calentar sus hogares y llenar el depósito de combustible de sus vehículos.

Los demócratas que han comprendido esta realidad no son cobardes controlados por el dinero de la industria de los combustibles fósiles, como insinúa despectivamente la expresión «climate hushing». Más bien, se han vuelto «mínimamente pragmáticos para conservar sus votos», que, en una democracia, debería ser precisamente el objetivo.

Regunberg desea aplicar al CO2 el sentido de urgencia de Martin Luther King. Lo que realmente necesita —y lo que merecen los lectores de Boston Review— es aritmética: cuánto consume realmente el mundo en materia de energía, qué parte de ese consumo puede electrificarse en la actualidad y cuánto está realmente dispuesta a pagar la población —cuando se le pregunta en dólares y no en sentimientos— para reducir esa diferencia. Hasta que llegue ese momento de hacer cuentas, la política climática puede esperar. La física de una economía que funcione, a diferencia de la política de un ciclo electoral de mitad de mandato, no puede hacerlo.