¿Has oído hablar de la “Determinación de Peligro” (Endangerment Finding, EF)? Si has estado leyendo este blog durante algún tiempo, seguramente sí. La EF de 2009 es probablemente la acción regulatoria más trascendental, costosa y destructiva que haya implementado la burocracia federal. Mediante esa acción, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) afirmó haber determinado que el dióxido de carbono y varios otros llamados “gases de efecto invernadero” constituyen un “peligro” para la salud y el bienestar humanos. Utilizando la EF como fundamento, el aparato administrativo durante las presidencias de Obama y Biden implementó decenas de regulaciones importantes destinadas a transformar por completo el sector energético de la economía estadounidense. Las regulaciones de Obama y Biden basadas en la EF buscaban, por ejemplo, forzar el cierre de todas las centrales eléctricas alimentadas por combustibles fósiles; poner fin a la producción de automóviles con motores de combustión interna en favor de los vehículos eléctricos; restringir la perforación para extraer petróleo y gas natural; detener la construcción de oleoductos y gasoductos; y muchas otras medidas similares.

Trump

El costo total se encaminaba hacia varios billones de dólares cuando el presidente Trump regresó al poder en 2025. Una de las primeras órdenes ejecutivas firmadas por Trump al inicio de su segundo mandato instruyó a todas las agencias a “revisar” y posteriormente comenzar a “suspender, modificar o rescindir” todas aquellas acciones identificadas como excesivamente gravosas para la producción energética de Estados Unidos. La EPA inició rápidamente un largo proceso regulatorio para eliminar la EF. La norma final que revocó oficialmente la Determinación de Peligro entró en vigor el 13 de febrero de 2026. Hice una publicación sobre esta revocación el 15 de febrero.

Si supera los desafíos judiciales, la eliminación de la EF supondrá un golpe mortal para toda la enorme industria del negocio climático. Evidentemente, la revocación iba a desencadenar una avalancha de litigios. Por si te preguntas qué está ocurriendo con esos litigios, hoy dediqué algo de tiempo a revisar el expediente judicial y hay varios aspectos que vale la pena comentar. La conclusión principal es que el tribunal encargado del caso —el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia (DC Circuit)— no parece tener ninguna prisa por avanzar. Eso es motivo de gran preocupación porque, en mi opinión, el mayor riesgo para la posición de la administración Trump es que el caso no llegue a una decisión de la Corte Suprema antes de que termine su mandato.

Supongo que, en este caso, es una buena noticia que las leyes pertinentes obliguen a que todos los litigios relacionados con esta acción regulatoria se presenten ante un único tribunal: el Circuito de DC. Esto contrasta con otras oleadas de litigios contra la administración Trump, donde sus adversarios pueden elegir tribunales en todo el país para encontrar jueces favorables. (Un ejemplo son los casos relacionados con la aplicación de las leyes migratorias). Por ello, aunque decenas de demandantes presentaron demandas contra la revocación de la EF, todos esos casos se están consolidando y serán escuchados conjuntamente. Otra buena noticia es que el Circuito de DC ya es un tribunal de apelaciones y está solo un nivel por debajo de la Corte Suprema. Por tanto, no habrá una instancia adicional de apelación antes de que el caso llegue a los jueces supremos.

Malas noticias

La mala noticia es que el Circuito de DC no es un foro favorable para la administración Trump. De sus once jueces activos, siete fueron nombrados por presidentes demócratas (Obama o Biden) y solo cuatro por republicanos (tres por Trump y uno por George H. W. Bush). Los siete nombrados por demócratas son partidistas fiables.

Entonces, ¿qué ha ocurrido durante los casi cuatro meses transcurridos desde que la EPA finalizó la revocación? Sorprendentemente, muy poco. En particular, parece que todavía no existe un calendario procesal para comenzar la presentación de alegatos.

Las demandas de prácticamente todas las ONG de izquierda imaginables comenzaron a llegar a partir del 18 de febrero. Inicialmente se abrieron ocho casos, pero rápidamente fueron consolidados bajo el número del primer caso presentado, conocido como el caso de la American Public Health Association.

Sí, la Asociación Estadounidense de Salud Pública ha decidido apostar lo que queda de su reputación a la idea de que el CO2, un gas traza y no tóxico presente en la atmósfera, representa de alguna manera un peligro para la salud pública. Son las mismas personas que quedaron desacreditadas durante el desastre del COVID.

La lista de demandantes es demasiado extensa para reproducirla aquí, pero incluye a la mayoría de los estados gobernados por demócratas, los principales grupos ecologistas que seguramente conoces (como Environmental Defense Fund, Natural Resources Defense Council, Sierra Club, Friends of the Earth, etc.), así como numerosas ONG progresistas que probablemente deberían limitarse a temas sobre los que realmente saben algo (como la American Lung Association).

A principios de marzo comenzaron a presentarse solicitudes de intervención. Estas proceden básicamente de personas y organizaciones que no quieren dejar sola a la EPA defendiendo esta acción frente a una multitud de activistas. El 6 de marzo, 25 estados gobernados por republicanos presentaron una de estas solicitudes. Entre otros posibles intervinientes figuran diversas asociaciones comerciales (como el American Petroleum Institute) e incluso la CO2 Coalition (de la cual soy miembro).

Pero, aparte de eso, el caso simplemente ha permanecido estancado. El tribunal aún no ha emitido una orden de programación que indique cuándo deben presentarse los escritos principales. El 22 de abril, el tribunal emitió una orden rechazando una solicitud para que las propuestas de calendario se presentaran antes del 27 de abril y, en su lugar, ordenó a las partes presentar mociones “procesales” antes del 20 de mayo y mociones “dispositivas” antes del 4 de junio. En esa misma orden, el tribunal indicó que no solicitaría propuestas de calendario hasta haber resuelto las mociones procesales o dispositivas.

El 20 de mayo y el 4 de junio llegaron y pasaron sin que se presentara ninguna moción dispositiva que yo haya podido encontrar. Sin embargo, hay una moción procesal que merece atención. En la fecha límite del 20 de mayo, un grupo de demandantes individuales —la mayoría identificados únicamente por sus iniciales— presentó una solicitud para que el tribunal suspendiera la revocación de la EF por parte de la EPA mientras se revisa judicialmente dicha acción. Si eso parece inocente, yo lo interpreto como un intento de obligar a la EPA y a la administración a continuar durante dos o tres años más con el proceso iniciado por Obama y Biden para desmantelar la economía basada en combustibles fósiles mientras el Circuito de DC decide qué hacer.

Aspirantes a Greta Thunberg

Los demandantes que presentan esta moción pertenecen a los llamados casos climáticos juveniles: grupos de niños y adolescentes, aspirantes a Greta Thunberg, que afirman que sus vidas están siendo arruinadas por el uso de combustibles fósiles. ¿Y cuál es el fundamento de su solicitud? Este es su primer argumento:

La Regla de Revocación vulnera los derechos fundamentales de libertad religiosa de los demandantes conforme a la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, al imponer una carga sustancial sobre las creencias religiosas sinceramente sostenidas por Elena, J.K., M.D. y E.S. “El gobierno no podrá imponer una carga sustancial al ejercicio religioso de una persona” salvo que demuestre que dicha carga persigue “un interés gubernamental imperioso” y constituye “el medio menos restrictivo” para lograr dicho interés. La Regla de Revocación obliga a E.S., J.K. y M.D. a modificar su comportamiento de una manera que viola gravemente sus creencias religiosas, forzándolos a elegir entre cumplir con sus principios religiosos y proteger su salud y seguridad. E.S. y J.K. son judíos practicantes cuya religión exige caminar hasta la sinagoga durante el Sabbat. M.D. es una musulmana practicante cuya religión exige ayunar durante el Ramadán. Cada Sabbat que sea demasiado caluroso para que E.S. y J.K. caminen con seguridad hasta la sinagoga, y cada día de Ramadán que sea demasiado caluroso para que M.D. pueda ayunar y usar el hiyab con seguridad, constituye un día en que se les impide cumplir requisitos importantes de sus religiones.

Literalmente, esto parece inventado. Y aquí está su segundo argumento:

La Regla de Revocación viola los derechos de los demandantes a la vida y a las libertades garantizados por la Quinta Enmienda. Los demandantes no pueden ser “privados de la vida… sin el debido proceso legal”. Las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la Regla de Revocación agravan el desequilibrio energético de la Tierra de una manera que incrementa el calor, los incendios forestales y el humo asociado a ellos, dañando la vida y la salud de los demandantes. Una mayor exposición al humo de incendios agrava el asma de Elena y Maya, así como las infecciones graves de Elena, condiciones potencialmente mortales.

Y el texto continúa y continúa y continúa.

Ridículo

Hasta el día de hoy, no parece que el gobierno haya presentado una respuesta a esta moción. Por absurda que parezca, este enorme caso está siendo retrasado por esta solicitud ridícula.

Por supuesto, no tendría por qué estar paralizado por esto. Está paralizado porque el Circuito de DC permite que lo esté. Y eso nos lleva a la cuestión de fondo: ¿Está el Circuito de DC manipulando deliberadamente el calendario procesal para impedir que la Corte Suprema resuelva el caso antes de que Trump abandone el cargo? Si eso sucede, una posible administración demócrata que llegue al poder en 2029 tendría la oportunidad de revertir nuevamente las regulaciones. Por ejemplo, podría anunciar que restablece la Determinación de Peligro y adopta la postura de los demandantes.

Quizá estoy siendo demasiado cínico. Pero a veces es imposible ser demasiado cínico.