La admisión de la jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Elena Kagan, durante una audiencia del Senado celebrada en julio plantea serias dudas sobre la responsabilidad en la formación judicial. Kagan confirmó que escribió el prólogo del Manual de referencia sobre evidencia científica (Reference Manual on Scientific Evidence) del Centro Judicial Federal (Federal Judicial Center, FJC) sin haber leído un capítulo sobre el cambio climático que posteriormente fue retirado debido a sesgos considerados inaceptables y que, hasta la fecha, sigue sin leer.

En su prólogo, Kagan presenta el manual como un recurso objetivo para ayudar a los jueces a resolver casos relacionados con cuestiones científicas complejas, desde la epidemiología hasta las tecnologías emergentes. Sin embargo, su respaldo público a un material que más tarde requirió importantes correcciones pone en riesgo la credibilidad del poder judicial.

Capítulo retirado

La cuarta edición de este influyente manual, utilizado por miles de jueces federales, recibió críticas de inmediato. El capítulo sobre el cambio climático fue retirado en febrero tras las objeciones de varios fiscales generales estatales, quienes señalaron desequilibrios y posibles conflictos de interés.

Lamentablemente, el manual aún conserva un capítulo que deriva hacia la pseudociencia al describir la naturaleza de la ciencia. Del mismo modo, permanece intacto el prólogo de Kagan, que avala la obra como una guía fiable basada en la imparcialidad.

El material que se mantuvo representa un cambio evidente respecto de las ediciones anteriores del manual. Estas incluían una explicación concisa del físico David Goodstein sobre la comprobación empírica, las predicciones falsables, la primacía de los datos fiables y otros principios fundamentales de la investigación científica.

En contraste con el enfoque de Goodstein, el nuevo capítulo sobre la ciencia deja de lado el rigor científico tradicional al incorporar consideraciones sociales y enfatizar la necesidad de alcanzar un consenso entre grupos de expertos. Aunque la colaboración científica es importante, elevar el «consenso generalizado» a la categoría de principal indicador de fiabilidad corre el riesgo de desplazar el escrutinio riguroso que define la evidencia fiable conforme al estándar Daubert del Tribunal Supremo.

El estándar Daubert exige que los jueces evalúen si el testimonio de un perito se basa en métodos comprobables, revisión por pares, tasas de error y aceptación general dentro de la comunidad científica, siempre vinculados a la realidad observable. El premio Nobel Richard Feynman resumió este principio con claridad: «No importa lo hermosa que sea tu teoría ni lo inteligente que seas. Si no concuerda con el experimento, está equivocada».

Lysenko

La historia está llena de casos en los que teorías dominantes, pero erróneas, terminaron siendo reemplazadas por mejores evidencias o, en épocas más oscuras, en los que el poder político impuso un consenso. En la Unión Soviética de Stalin, el biólogo Trofim Lysenko rechazó la genética en favor de ideas sobre la herencia biológica respaldadas políticamente, que se convirtieron en doctrina oficial. Los científicos que discrepaban fueron marginados o sufrieron consecuencias aún peores, y la agricultura soviética padeció graves retrocesos que provocaron muertes por hambruna. La recuperación solo comenzó cuando ya no fue posible seguir suprimiendo las pruebas y la realidad empírica. Casos como este ponen de manifiesto por qué las guías dirigidas a los jueces deben dar prioridad a la falsabilidad por encima de las nociones sociológicas de consenso.

Las preocupaciones sobre el capítulo revisado también alcanzan a sus autores. Entre los principales colaboradores figuran personas vinculadas a negociaciones sobre políticas climáticas relacionadas con mecanismos financieros internacionales. En una época marcada por la proliferación de litigios climáticos —con más de mil casos activos y posibles responsabilidades económicas valoradas en billones de dólares—, estos antecedentes pueden generar, al menos, una apariencia de falta de imparcialidad, aunque no haya sido intencionada.

Destacados científicos, entre ellos físicos con amplias trayectorias de publicaciones, han instado al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y al Centro Judicial Federal a revisar el capítulo sobre la ciencia. Sostienen que el manual debería priorizar explicaciones claras sobre la comprobación de hipótesis en lugar de descripciones de carácter sociológico, preservando así su valor como herramienta imparcial.

A medida que los tribunales deben pronunciarse cada vez con mayor frecuencia sobre controversias científicas con implicaciones políticas que afectan a millones —e incluso miles de millones— de personas, los materiales de referencia deben superar estrictos criterios de objetividad. La experiencia de Kagan recuerda que la diligencia es una responsabilidad personal, independientemente del cargo que se ocupe, si se pretende preservar la integridad del proceso judicial.

Verificación cruzada

El Centro Judicial Federal tiene la oportunidad de reforzar el manual restaurando el énfasis en la verificación empírica, garantizando la participación de expertos libres de vínculos con intereses políticos y reafirmando el papel del manual como una guía de carácter procedimental. Por su parte, los jueces deberían contrastar este tipo de recursos con estudios originales y con los argumentos presentados por ambas partes en un proceso.

Respaldar un manual sin examinar sus apartados más controvertidos supone un incumplimiento del deber de diligencia. Afortunadamente, aún es posible corregir el rumbo. El Centro Judicial Federal debería actuar ahora para restaurar la credibilidad del manual, reforzando su compromiso con la evidencia empírica, la falsabilidad y la diversidad de perspectivas. La integridad de la toma de decisiones judiciales exige nada menos.